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El debate sobre la
familia se está politizando progresivamente. El
Presidente George W. Bus propone un programa
federal para promocionar el matrimonio y la
paternidad y para afiliarse a las iglesias. Los
Liberales responden que el gobierno no tiene que
meterse en la familia, sino promocionar sus
propios programas federales.
Incluso cuanto mas politizado está el tema,
menos deseo tenemos de mirar las duras políticas
de la crisis de la familia. La política de
Familia se está todavía discutiendo en términos
establecidos por los científicos sociales y
terapeutas: la tasa de divorcios y de maternidad
sin matrimonio, el nivel de pobreza, el impacto
sobre los niños, los costes sociales. Como si no
lo supiesemos.
Como científico social, no niego el valor de los
datos (intento controlar por mi mismo algo).
Pero los facultativos terapeutas han establecido
tal aplazamiento sobre la política familiar, que
ellos han paralizado nuestra capacidad de
actuación. Escribiendo sobre la maternidad en
solitario en Opiniones de una revista, el
eminente científico político James Q, Wilson
profundamente concluye, “si usted cree, como yo
creo, en el poder de la cultura, usted se dará
cuenta, que hay poco que podamos hacer” Como
muchos otros (incluyendo a la administración
Bush), Wilson se limita a promover consejos y
“educación”.
Lo que aquí parece perdido es el antiguo corte
de la política-, el tipo que no ansia hacer
juicios morales, e incluso expresa indignación.
Los políticos catastrofistas, por ejemplo.
Los hechos están bien establecidos entre los
científicos sociales, pero una suerte de
corrección ideológica en ambos, los de derechas
y de izquierdas, parece mantenernos sin
confrontar las completas implicaciones de lo que
sabemos. Tenemos miedo a desafiar los clichés
aceptados sobre la rotura matrimonial, incluso
cuando esta claro que no corresponde a la
evidencia.
Deberíamos comenzar, por tanto, con los
incontestados pero frecuentemente mencionados
hechos. Primero, los matrimonios simplemente no
se “rompen” por ellos mismos. Legalmente
alguien, a menudo uno, es quien conscientemente
lo termina rellenando un documento oficial y
solicitando al gobierno contra su esposo o
esposa. Según Frank Furstenberg y Andrew Cherlin,
los autores de Familias Divididas, cerca del 80
por ciento de los divorcios son unilaterales.
Uno de los esposos quiere generalmente mantener
la familia unida.
Cuando están involucrados los hijos, el
progenitor divorciador parece ser
abrumadoramente la madre. Estudios en escolares
realizados por Sanfor Braver, Margaret Brining y
Douglas Allen, y otros, estiman que entre el 67
y el 75 por ciento de tales divorcios son
instigados por la madre. Las feministas y los
abogados divorcistas, informan de que el numero
es cercano al 90 por ciento. Pocos de estos
divorcios relacionan datos como el abandono, el
adulterio, o la violencia. “Evoluciones
Diferentes” o “falta de amor o de aprecio” son
las explicaciones usuales.
El progenitor divorciador es el que obtiene la
custodia de los hijos y exige pagos financieros
del progenitor divorciado. Brinig y Allen
incluso concluyen que de 21 variables, “quien
consigue los hijos, es con mucho el componente
mas importante en decidir quien solicita el
divorcio.”
Claramente aquí se dilucida mas, que los esposos
y las esposas deciden llevar vidas separadas.
Bajo las leyes de no-culpa, el divorcio se ha
convertido en un medio de, no solamente terminar
con el matrimonio, sino de agarra el control
único de los hijos, que se convierten en armas
que otorgan el apalancamiento apoyado por
sanciones penales. Los desbastadores efectos del
divorcio y de la Apaternidad sobre los hijos y
sobre la sociedad, son actualmente tan bien
conocidos, que no hay necesidad de repetirlos
aquí. Lo que es con frecuencia apreciado es la
amplia amenaza que el régimen de divorcio
plantea al gobierno constitucional y a la ética.
De hecho, hoy no hay mejor ejemplo de unión
entre la moralidad personal y la ética publica;
entre la fidelidad de los individuos privados y
la deslealtad de los servidores públicos, o la
conexión entre ambos y el orden civilizado.
Significativamente, como una sofisticada
política secular se focaliza estrechamente en la
sociología, es el Papa Juan Pablo II quien llega
a lo mas cercano de la raíz del problema. En
Enero, él hizo publico lo que muchos vieron como
un sorprendentemente fuerte manifiesto contra el
divorcio, que específicamente individualiza a
los abogados y a los jueces en su crítica. Por
sus molestias, él fue atacado por los abogados,
los periodistas y los políticos de derechas y de
izquierdas. Incluso su caracterización del
divorcio como una “herida enconada” con
“consecuencias desvastadoras que se extiende en
la sociedad como una plaga”, es tan preciso
política como socialmente.
Desde la llegada del divorcio sin-culpa, ha
crecido una industria multibillonaria en
dólares, alrededor de los juzgados de familia:
jueces, abogados, psicoterapeutas, mediadores,
consejeros, trabajadores sociales, y policía
burocrática. Todas estas personas tienen una
parte profesional y otra financiera en el
divorcio. De hecho, dejando a un lado las
piedades para el contrario, los funcionarios
públicos a todos los niveles del gobierno,
incluyendo lideres elegidos en ambas partes,
tienen ahora interés en el incremento del numero
de hogares monoparentales.
Las políticas del divorcio comienzan en el
juzgado de familia, una relativamente nueva y
poco examinada institución. Los juzgados de
familia están habitualmente cerrados al publico
y sus procedimientos por lo general no son
registrados. Incluso ellos investigan en la vida
privada mas que ningún otro organismo
gubernamental. Aunque están en la jerarquía mas
baja, son “la rama mas poderosa de la
judicatura”, según el Juez Robert Page del
juzgado de Familia de New Jersey. “El poder de
los jueces de los juzgados de familia es casi
ilimitado”, Escribe Page.
Los secretos de los juzgados han sido
ampliamente reconocidos como una invitación a la
argucia. “Donde no hay publicidad, no hay
justicia,” escribió el filósofo y jurista ingles
Jeremy Bentam. “Mantiene al mismo juez mientras
esta deliberando sobre un juicio”. Los jueces
proclaman que el secreto protege la privacidad
de la familia, aunque de hecho, parece que
proporciona un manto para violar con impunidad,
la privacidad familiar y otras protecciones. Los
jueces de los juzgados de familia son designados
y promovidos por comisiones dominadas por
asociaciones jurídicas. Esto quiere decir que
deben responder ante aquellos que tienen un
interés en maximizar el volumen de los divorcios
contenciosos. Aunque los juzgados de familia se
quejan de estar “sobrecargados”, es claramente
en su interés el estar sobrecargados, ya que el
poder judicial y los salarios están determinados
por la demanda. La intención de los juzgados,
por lo tanto, es incrementar su carga de trabajo
atrayendo consumidores y la industria del
divorcio ha erigido una serie de incentivos
emocionales y financieros, que animan a la gente
al divorcio. “Con mejores servicios, mas
personas vendrán al juzgado buscando su
disponibilidad”, explica Page. “Según el juzgado
hace un trabajo mejor, mas personas se verán
atraídas a el, como un método de resolución de
disputas”. Haciendo un “mejor trabajo” realmente
quiere decir atrayendo mas progenitores
divorcistas con generosos acuerdos.
Una parte sustancial de una sentencia federal y
estatal, reconoce la paternidad como un “derecho
constitucional esencial, mucho mas preciado que
los derechos de propiedad”, (May v Anderson). En
Doe contra Irwin, un juzgado federal mantiene
que la paternidad “no puede ser denegada sin
violar aquellos principios fundamentales de
libertad y justicia que yacen en la base de
todas nuestras instituciones civiles y
políticas”. Incluso tales principios
aparentemente inequívocos, nunca son aplicados
en los casos de divorcio, donde los jueces
rutinariamente quitan los hijos a los padres
forzadamente divorciados, sin explicar razón
alguna.
Una vez que un progenitor pierde la custodia, el
o ella ya nunca tienen nada que decir sobre
donde residen los hijos, a que colegio o a que
guardería acuden, o como funcionan. Peor, los
progenitores que han sido expoliados de la
custodia, son tratados de muchas formas, como
fuera de la ley. El juez establece para ellos un
código criminal personalizado, controlando su
asociación con sus hijos, sus movimientos, y sus
finanzas. Contactos no autorizados con sus hijos
pueden ser castigados con el arresto. Los
progenitores divorciados involuntariamente, han
sido arrestados por correr tras sus hijos en
lugares públicos, como acontecimientos
deportivos e iglesias, por hacer llamadas
telefónicas no autorizadas, y por enviar
felicitaciones de cumpleaños no autorizadas.
A los Padres cuyas esposas quieren el divorcio,
se les ordena entregar su correspondencia
diaria, sus registros financieros, y otros
documentos normalmente protegidos por la Cuarta
Enmienda. Sus hábitos personales, movimientos,
conversaciones, escritos, y compras, están todas
sujetas a investigación por parte del juzgado.
Su hogar puede ser allanado y sus visitas con
sus hijos pueden ser monitorizadas en un “centro
de supervisión de visitas”. Cualquier cosa que
diga de sus esposas, familia, amigos,
consejeros, y otros, puede ser usado en su
contra en el juzgado. Su hijos, también, pueden
ser usados como informadores. Los padres
obligadamente divorciados, también son
ordenados, bajo amenaza de encarcelamiento, a
contratar amiguetes del juez. Como en poco menos
que un vistazo puede ver cualquiera, los
juzgados de familia rutinariamente ordenan a los
forzadamente divorciados y legalmente impecables
padres, a pagar a los abogados, psicoterapeutas,
y otros profesionales con la amenaza de cárcel
si no lo cumplen.
El derecho de Familia esta actualmente
criminalizando las actividades protegidas
constitucionalmente, como la libertad de
expresión, libertad de prensa, e incluso las
conversaciones privadas. En muchas
jurisdicciones es ahora un delito criticar a los
jueces, y los padres han sido arrestados por
hacerlo. Después de su critico testimonio
congresual de los juzgados de familia en 1992,
Jim Wagner del Consejo de los Derechos de los
Niños de Georgia, fue despojado de la custodia
de sus dos hijos, y sentenciado a pagar 6000
dólares a los abogados que no había contratado,
y encarcelado cuando el no pudo pagar.
La herramienta principal para forzar el divorcio
y mantener a los desterrados padres lejos de sus
hijos, es la orden de alejamiento. Ordenes que
separan a los padres de sus hijos durante meses,
años, e incluso toda la vida, son usadas
rutinariamente sin que se presente ninguna
evidencia de mal hacer. Las ordenes son
extendidas en una audiencia donde el padre no
está presente; son extendidas muchas veces sin
ninguna audiencia. “La ley de ordenes de
alejamiento es uno de los actos mas
inconstitucionales que ha habido”, dice el
abogado Gregory Hession de Massachussets, quien
ha realizado una propuesta federal sobre los
derechos civiles. “Un juzgado puede extender una
orden que te expulsa de tu casa, no te deja ver
nunca a tus hijos, y te quita tu dinero, todo
sin que tu hayas tenido conocimiento de que haya
tenido lugar una audiencia”.
La descripción de Hession se confirma por los
mismo jueces. “Vuestro trabajo no es ocuparse de
los derechos constitucionales del hombre que
vosotros estáis violando, cuando extendéis una
orden de alejamiento”, Juez de New Jersey
Ricxhard Russell le dijo a sus colegas en un
seminarios de capacitación en 1994. “Echadle a
la calle con sus ropas y decidle, ya nos
veremos. Nosotros no tenemos que preocuparnos de
los derechos”.
Elaine Epstein, antiguo presidente de la
Asociación de Mujeres Juristas de Massachussets,
escribió en una columna en las cartas de la
asociación, que las ordenes de alejamiento
conectadas al divorcio, se repartían como
“caramelos”. “Cualquiera sabe que las ordenes de
alejamiento y las ordenes de evacuación se
otorgan a virtualmente todo el que las pide”, y
“los hechos han llegado a ser irrelevantes”
puntaba ella, “en virtualmente todos los casos,
ningún aviso, declaración significativa, o
indicio imparcial de evidencia tienen que
existir”. Incluso, un análisis del gobierno
encontró, que menos de la mitad de todas las
ordenes contenían al menos una alegación de
violencia física.
No cuesta mucho violar tales ordenes de
alejamiento. “Historias de violación por
infracciones menores son legión” informaba el
Boston Globe el 19 de Mayo de 1998. Un padre fue
arrestado “cuando le puso una nota en la cartera
de su hijo diciéndole a la madre que el niño
había estado enfermo durante la visita del fin
de semana”. Otro fue arrestado por “enviar a su
hijo una felicitación de cumpleaños”. Los padres
son arrestados por asistir a las comuniones de
sus hijos, recitales de música, y actividades
deportivas, acontecimientos a los que puede
asistir cualquier extraño. La National Public
Radio emitió una historia en 1997, sobre un
padre arrestado en una iglesia por asistir a la
primera comunión de su hija. Durante la emisión,
una niña de 8 años de edad lloraba y suplicaba
por saber cuando podría su padre verla o
llamarla. La respuesta, a causa de una orden de
alejamiento “de por vida” es Nunca. Incluso
contactos accidentales en lugares públicos son
castigados con el arresto.
Las ordenes de alejamiento son de hecho mas la
causa que la prevención de violencia, ya que las
leyes que separan a los padres de sus hijos,
pueden provocar precisamente la violencia que
están diseñadas para prevenir. “Pocas vidas, si
es que alguna, han sido salvadas, pero mucho
daño y posiblemente perdida de vidas, han venido
con la generalización de las ordenes de
alejamiento”, escribió el pasado año en el
Western Massachusetts Law Tribune, Milton
Raphaelson, juez de distrito retirado de Dudley.
“Es la opinión de muchos que permanecen mudos
debido al clima político. Hombres inocentes y
sus hijos son privados unos de otros”.
La violencia domestica ha sido ahora
federalizada en una agenda legislativa cuyo
interés consciente, es promover el divorcio
fácil. Donna Laframboise de Canadá escribió en
el National Post, que los federalmente
subvencionados refugios de mujeres maltratadas
en los Estados Unidos y Canadá son “Tiendas de
divorcio fácil” cuyo propósito no era refugiar a
mujeres sino asegurar la custodia para las
madres divorciadas. El Acta contra la Violencia
contra las Mujeres, renovada por el Congreso de
2000, “ofrece abundantes recompensas” por hacer
falsas acusaciones, escribe el Profesor Susan
Sarnoff de la Universidad Estatal de Ohio,
“incluyendo el derecho de impedir las visitas al
padre acusado, sin virtualmente ningún requisito
de prueba”. La definición de la ley de violencia
domestica es tan amplia que “no requiere
siquiera que la violencia sea física”.
Las autoridades intimidan a algunas mujeres para
que obtengan ordenes de alejamiento
atemorizándolas con quitarle a sus hijos. El 20
de Febrero de 2001 la edición del Massachussets
News describe como Heidi Howard fue ordenada por
el Departamento de Servicios Sociales de
Massachusetts, que sacara una orden de
alejamiento contra su marido y se divorciara de
él, aunque el padre no estaba acusado de ninguna
mala acción. Cuando ella se negó, los
trabajadores sociales les quitaron a sus hijos.
El reportero Nev Moore se quejaba de que había
visto cientos de casos similares. Los
funcionarios del Gobierno pueden ahora imponer
el divorcio no solamente a un progenitor no
deseoso, sino a los dos.
Mientras que la industria de la violencia
domestica sea mantenida por subvenciones
federales, el principal combustible financiero
de la maquinaria de el divorcio es “la pensión
infantil”, que subsidiariza y anima el divorcio
unilateral. Bryce Christensen del Centro Howard
para la Familia, Religión y Sociedad apunta a
“una unión entre las políticas agresivas de
pensión infantil y la erosión del matrimonio.”
Aquellos acusados de falta de pago de la pensión
infantil “padres no cumplidores” son ahora el
objeto de la demoniología nacional. Incluso un
estudio de Sandford Braver, financiado
federalmente, publicado como, Padres
Divorciados: Mitos Terribles, encuentra que “la
estimación” del gobierno de no pagadores, están
producidos no por ninguna estadística oficial,
sino enteramente de los estudios de progenitores
custodios. Braver concluye que “el factor simple
mas importante relacionado con el no pago”, es
el desempleo.
Braver no esta solo. El columnista Kathleen
Parker ha concluido que “el padre no cumplidor
es una egregia exageración, una caricatura de
unos pocos hombres desesperados quienes por
variadas razones, a veces buenas razones, fallan
en entregar sus cheques, asumiendo que ellos
tienen un cheque. “Deborah Simmons del
Whasington Times en otra ocasión encontró
“escasas evidencias de que la ruina sirva para
cualquier otro propósito distinto que el
incrementar las cuentas bancarias de aquellos
grupos con interés especial, que apoyan el
cumplimiento.
“El apoyo de La pensión infantil, es ahora una
industria masiva, donde puertas giratorias,
transferencias financieras, y otros canales,
conectan los juzgados de familia, con los
legisladores, agencias ejecutivas
interrelacionadas a nivel local, federal o
estatal, con contratadores privados.
Para animar al divorcio, la pensión infantil
debe ser suficientemente alta como para hacer el
divorcio atractivo a las madres, y establecer
esto es un proceso político llevado por
funcionarios y grupos que hagan crecer el
divorcio. Cerca de la mitad de los estados usan
guías diseñadas no por los legisladores, sino
por los juzgados y las agencias de recaudación.
Incluso aun la promulgación legislativa no es
garantía de imparcialidad, ya que los
legisladores pueden desviar los contratos de
recaudación, hacia sus propias empresas.
El conflicto ético se extiende al sector
privado, donde las empresas de recaudación,
también ayudan a decidir los niveles de lo que
van a recoger. No solamente constituye un
conflicto de intereses, el impelirles a hacer la
carga tan alta como sea posible para incrementar
sus ingresos en términos absolutos (y para
promover el divorcio), sino que las empresas
pueden establecer los niveles suficientemente
altos, como para asegurar los atrasos.... de los
que dependen sus empresas.
Mientras trabajaba como consultor de pagos en el
Ministerio de Salud y Servicios Humanos (HHS)
durante 1980, Robert Williams ayudó a establecer
guías estatales uniformes, en el Proyecto de
Guías de Pensión Infantil Federal.
Predeciblemente las guías de Williams
incrementaron de forma importante las
obligaciones de pago en muchos estados.
El economista Mark Rogers denuncia en la
publicación quincenal Family Law que las
pensiones resultan unas “cargas excesivas”
basadas en “viciados fundamentos económicos”. El
mismo Willliams reconoce que “no hay consenso
entre los economistas sobre el modelo teórico
mas valido para usar en las estimaciones
derivadas de las gastos de crianza infantil.”
Donald Bieniewicz, autor de una guía alternativa
publicada por la HHS, escribe, “Este es un voto
chocante de no confianza, en la ....guía de su
autor, una guía para encarcelar a padres sin
juicio.
El gobierno también se beneficia de la Pensión
Infantil. “La mayoría de los Estados sacan
beneficio de sus programas de pensión infantil”,
según la House Ways and Means Committee, que
apunta que “los estados son libres de gastar
este beneficio de la manera que el estado vea
mejor”. Con sustanciales sumas que ganar, los
funcionarios no tienen incentivo alguno para
desaconsejar el divorcio, aparte de su
afiliación política. A pesar de la retórica
sobre el fortalecimiento de la familia, ni los
legisladores Demócratas, ni los Republicanos son
proclives a claramente cuestionarse, cualquier
política que llene las arcas publicas.
El atropello de los procesos debidos a las
persecuciones por las pensiones infantiles son
paralelas a las de violencia domestica, ya que
un padre puede ser legalmente presunto culpable
hasta que sea probado que es inocente, y el
padre no tiene que tener necesariamente un
abogado, o un jurado de individuos iguales a el
o ella. “La carga de la prueba puede ser
trasferida al demandado,” según la Conferencia
Nacional de Legisladores Estatales (CNLS), que
aprueba estos métodos. “No todos los
procedimientos por desacato de las pensiones
infantiles clasificadas como delictivas, son
enfrentadas ante un juicio con jurado,” añade la
CNLS, e “incluso a un deudor indigente, no
necesariamente se le asigna un abogado”.
En la década en la que comienza el divorcio sin
culpa, la ley de familia ha llegado gradualmente
a ser un pozo ético. Los abogados tales como
Hession denuncian que las cintas, las
transcripciones de las comparecencias, son
alteradas rutinariamente en los juzgados de
familia. La evidencia forense de Hession fue
publicada el pasado año en el Massachussets News.
Cuando su cliente Zed McLarnon, se quejo de las
manipulaciones y otras irregularidades, fue
sentenciado a pagar 3500 dólares para abogados
que el no había contratado y encarcelado sin
juicio por los mismos jueces, cuyas grabaciones
se alegaba fueron adulteradas. “Esto es una
conducta criminal,” dice la abogada Eugene Wrona
de similares practicas en Pennsylvania, “y esta
gente debería estar encarcelada”. En Mayo de
1999, la revista Insight, saco a la luz un
“fondo de reptiles” de jueces de los juzgados de
familia de Los Angeles, en los que pagaban a los
abogados y monitores designados por el juzgado.
Estos monitores son contratados por los juzgados
para vigilar a los padres acusados de abuso a
las esposas o los hijos, mientras están con sus
hijos.
El poder de corrupción de los divorcios forzados
se extiende ahora mas allá de la judicatura,
validando las observaciones del Papa, de que sus
consecuencias se extienden “como una plaga”. En
el 2000, cuatro destacados senadores de Arkansas
fueron convictos de denuncias de delitos
organizados relacionados con el divorcio. Una
trama afecta la contratación de los abogados que
representan a los hijos durante el divorcio, una
practica que generalmente es contemplada como un
pretexto para designar a amiguetes del juez. En
29 de Abril de 1999, en la edición de la Gazeta
Democrática de Arkansas, John Brummett escribió
que “ningún chico se ha beneficiado de una
estafa de 3 millones de dólares para establecer
un programa que ostensiblemente aporte
representantes legales para los hijos en caso de
custodia, pero actualmente aporta un grave tren
para seleccionar legisladores y compinches que
estén moviendose alrededor, para establecer
corporaciones y enviarse cheque unos a otros.”.
El asunto ilustra una de las razones por la que
los legisladores protegen a los jueces y a sus
asociados en los juzgados. Los abogados
divorcistas son mayoría en las legislaturas
estatales. Tony Perkins, que patrocino el
celebre “pago matrimonial” de Louisiana, cuenta
que medidas similares han fallado en algunos
“legislaciones aparentemente favorables ” a
causa de “la oposición de los coordinadores de
los comités que eran abogados del divorcio”
El potencial de la pensión infantil se ha
convertido en lo que un jugador de Arkansas
denomina una “vaca en metálico”, estableciendo
funcionarios con “salario estable por poco
trabajo”, y ha sido explotado en todos los
sitios. El Washington Post informo en Julio de
2000 que Wayne Curry, un ejecutivo del Condado
de Principe George de Marylan, recibió contratos
sin concurso competitivo para la recogida de las
pensiones infantiles, en los días en que dejó la
plantilla del Condado. En Marzo de 2002,
Maryland anuncio una investigación criminal de
Maximus, que llevaba el programa de Baltimore.
La alegada mala conducta incluye la recaudación
del dinero de los padres, incluso después de que
sus hijos han llegado a ser independientes de
ellos, y por tanto rechazaban la financiación.
La confidente mostró miedo por su seguridad
personal, según el Baltimore Sun. A todo lo
largo de los Estados Unidos y en el extranjero,
la recaudación de la pensión infantil ha estado
plagada de corrupción. Kansas otorgo un contrato
a Glenn y Jan Jewett, quienes estuvieron
involucrados en operaciones de bingo en las
Vegas y pasaron tiempo en la prisión federal por
trafico de drogas, falsificación, disimulados
robos contra la propiedad, y por falsificar
cheques. En el Condado de DuPage, Ilinois, el
sistema de pensión infantil ha estado bajo
investigación por fraude. “Una corriente de
tontería, contamina el sistema de pensión
infantil de Ohio”, incluido “ equivalente a
millones de dólares de salarios impropiamente
interceptados, impuestos revertidos y pagos de
pensión infantil,” según el Plain-Dealer de
Cleveland y la WHIO Televisión en Dayton. En
Wisconsin, “ A Padres que no deben nada, les han
sido pasadas facturas de millones de dólares”,
según el Milwaukee Journal Sentinel, incluyendo
un hombre con hijos de 40 años “quien fue
impelido a probar su inocencia”.
En Octubre de 1998 Los Angeles Times investigo
en L.A., el fraude y la violación de los
procesos debidos al sistema de recaudación de la
pensión infantil. El diputado de distrito, el
Abogado Jackie Myers ha dejado su despacho en
1996 a causa, dice el, “Yo sentí que nosotros
éramos tildados de hacer cosas sin etica”. En
Diciembre de 1999, Insight informo del caso de
un padre dejado por el abogado de la oficina del
distrito, con 200 dólares al mes para cuidar a
una familia de cuatro. Un mes, el abogado de
distrito “cogió todo menos 1 dólar de su cheque
de pago de 1200 dólares”.
Siguiendo las series del Times, HHS fue enviado
a investigar el fraude criminal en el sistema de
la ciudad, pero la Oficina General de
Recaudación encontró que la investigación
“consistió en solo dos llamadas de teléfono, una
a “uno de los empleados de la oficina DA que
estaba mezclado con mala conducta.” HHS
aparentemente “no entrevisto a ninguno, de los
mas de una docena de personas, a quienes un
informador confidencial denunciaba que tenia
conocimiento de primera mano de la mala practica
dentro del programa de pensiones infantiles.”
La industria del divorcio depende del extendido
atropello, de lo que la mayoría de la gente
robada sostiene que es la mayor promesa que uno
hace en su vida. No es coincidencia que los
funcionarios públicos cuyas vidas dependen del
coraje de los ciudadanos para traicionar su
confianza privada, no ansiaran traicionar la
confianza otorgada a ellos por el publico. De
otra manera, una sociedad donde los ciudadanos
particulares no son animados al honor de sus
responsabilidades, es una sociedad que no
mantendrá a lideres públicos en sus promesas.
las observaciones de Maggie Gallahers, de que el
matrimonio se ha convertido en “ el único
contrato donde la ley ahora se alía con el
partido que quiere violar la” presenta la
pregunta de si están queriendo permitir a
nuestro gobierno ser un partido activo
repartiendo decepción y deslealtad.
Nuestro sistema actual de divorcio no es
solamente injusto, sino fundamentalmente
deshonesto. Para todos los que hablan de una
“cultura del divorcio” esta claro que la mayoría
de las personas hoy, entran en el contrato
matrimonial con la intención de romperlo. “Si el
compromiso matrimonial fuera cambiado hasta que
yo me cansara de ti, o por un periodo de cinco
años a menos que yo decida otra cosa, y el
estado fuera voluntarioso en sancionar tal tipo
de acuerdos, entonces el divorcio no seria una
acontecimiento tan banal desde el punto de vista
moral.” El abogado Steven L Barniz escribió en
Sociedad. “ Pero no hay evidencia de que el
contenido de los compromisos matrimoniales o de
las expectativas matrimoniales en el momento del
matrimonio hayan cambiado” Barniz puede
solamente tener la mitad de la razón, pero
incluso así, la cosa es que el contrato
matrimonial ha llegado a ser incumplible, y por
lo tanto fraudulento. Hasta que estos cambios se
produzcan, parece inútil e incluso irresponsable
animar a la gente joven a colocar su confianza y
sus vidas en él.
Uno puede argumentar que el gobierno no debería
promover el contrato matrimonial, o cualquier
contrato de este tipo (aunque la Constitución
mantiene otra cosa). Pero yo no estoy advertido
por nadie, que sugiera que el gobierno debería
ser forzado a derogar contratos, dejemos solos a
los atrayentes ciudadanos, en los contratos que
entonces ellos romperán. Si nosotros confiamos
realmente en que nuestra política de divorcio es
inapropiada, deberíamos al menos tener la
honestidad de decirle a la gente joven cara a
cara, que el matrimonio no le proporciona
ninguna protección. Permítasenos informarles en
el momento del matrimonio que incluso si ellos
se mantienen firmes en sus juramentos, ellos
pueden perder a sus hijos, su casa, sus ahorros
y sus futuros ahorros, y su libertad. No
solamente el gobierno no les aportara
protección, sino que les perseguirá como
criminales, aunque sin el debido juicio que la
ley garantiza, y formalmente acusados de
criminales. Y permítasenos entonces ver cuantos
jóvenes están deseosos de comenzar una familia.
Una cosa es tolerar el divorcio, como quizás
nosotros debemos hacer en una sociedad libre.
Otra cosa es usar el poder del estado para
imponérselo a los padres que no lo quieren, y a
los hijos. Cuando los juzgados paren de impartir
justicia, ellos deben empezar a dispensar
injusticia. No hay termino medio. |
