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La hija de Stan
Gal, Vanesa tiene 23 años y trabaja como
vendedora especialista en la IBM de Canada. Sin
embargo, el gobierno de Ontario le retiene cada
mes 322 dólares de su nómina como pensión para
ella.
Gal trabaja en Oficina Municipal Regional de
York al norte de Toronto, y le han dicho que las
deducciones continuaran hasta que su antigua
esposa, Halina Ogonek considere que su hija no
va a ir mas a la Universidad, o hasta que
consiga una orden judicial para este fin.
Como muchos otros padres divorciados en todo el
país, Gal, cuya esposa ha mantenido ella sola la
custodia; ha descubierto que la pensión infantil
es una pesadilla burocrática. No hay análisis ni
balances para protegerse contra tales pagos sin
garantías, ni tampoco tienen en cuenta los
cambios que ocurren en las vidas de la gente que
paga esta pensión.
Si se encuentran en desempleo, son obligados a
trabajar subempleados o a tiempo parcial, son
insultados o atacados, se les dice que para
tener en regla las obligaciones de las pensiones
infantiles, deben de contratar a un abogado y
conseguir una sentencia judicial. Incluso en los
casos en su hijo llegue a vivir con ellos o pase
a ser acogido por las autoridades de protección
del menor, es la misma historia. Consiga una
sentencia judicial.
Los once años de separación han sido
financieramente difíciles para Gal. Ahora,
después de mantener a su hija durante cinco años
mas de la mayoría de edad, está teniendo
dificultades para probar que ella no ya no es
solo una estudiante.
En julio de 1997, Gal y Ogonek firmaron un
acuerdo en presencia de un oficial de juzgado
que después de estar escrito a maquina y
refrendado por un juez, se convirtió en
sentencia judicial. Esta obliga a Ogonek a
permitir a Gal con “consentimiento escrito” a
que pueda acceder a la “información médica y
educacional” para cuidar de sus hijos.
Seis semanas mas tarde, Victor Slater, abogado
de Ogonek, informó a Gal por escrito: “En
relación con la emisión de información médica y
educacional, ninguna le será proporcionada sobre
Vanessa Lynn Gal. En relación (a los otros dos
chicos, ahora de edades de 13 y 17) por favor
haga sus preguntas caso por caso y las preguntas
serán enviadas a nuestro cliente”
Desde 1995, Gal recibió una serie de cartas del
Instituto de Vanessa diciéndole que desde que su
hija había cumplido 18 años, el colegio no
estaba autorizado a enviarle sus notas sin el
consentimiento de ella. Le dijeron del colegio.
“Vanesa nos ha indicado que ella no desea que se
le envíe la información por usted solicitada”.
Aunque Vanesa, que todavía cobra los cheques
Navideños de su padre, se inscribió en la
Universidad McMaster a últimos del 1996,
continua negando a su padre la información. En
Julio de 1998, para cumplimentar el su solicitud
para trabajar en el proyecto contra la droga,
ella le envió a él un documento que confirmaba
que ella estaba inscrita como estudiante en
1997-98. Aunque su compañía de seguros, le envió
una carta pidiendo confirmación de inscripción
cada año académico, ella no le envió ninguna
carta mas.
El dolor de Gal por la perdida de su relación
con la niña, que solía preguntarle a él si era
la niña de sus ojos, y a quien él respondía
“justo mi corazón”...., está fuera de medida.
“No conozco a una hija de 23 años”, decía
“conozco a una hija de 13 años. “Hay muchas
cosas que me he perdido todos estos años”.
Pero hoy, está centrado en una pregunta: Es su
hija estudiante a tiempo completo o no? Esta es
una pregunta que Vanesa no quiere contestar.
Cuando el National Post le dejo a ella un
mensaje de voz en el número de IBM, su madre
devolvió la llamada diciendo “Tu la estas
hostigando en su lugar de trabajo, y no quiero
que la llames mas” .
Gal no se opone a pagarle la pensión “No tengo
un problema en afrontar mis obligaciones
financieras con los niños. Pero llega un momento
en que uno se siente abusado, y es justo como yo
me estoy sintiendo ahora”.
Con sus dos hijos menores, también ocurrió una
cosa parecida en la educación secundaria, Gal
temía ser llamado y tener que acudir
repetidamente a los juzgados para aclara asuntos
que serían tonterías. “Esto es una locura”,
decía Anne Cools senadora Liberal. “Cada acto
simple que requiere corroboración legal es
sumamente caro. Cada cambio de circunstancias
puede precisar volver y volver atrás, es un
procedimiento que está mas allá de las
posibilidades financieras de la mayoría de la
gente”. También es un enorme gasto de tiempo
judicial.. En dos diferentes reuniones, Cools y
el MP Liberal Roger Gallaway (Sarnia-Lambton) se
han dado cuenta de la situación en que se
encontraba el propio Gal.
Ellos dijeron que los padres divorciados no
deberían verse forzados a pagar las pensiones
infantiles pasada la mayoría de edad, solamente
porque los hijos permanezcan en el colegio. “
Los padres que aun permanecen casados no están
legalmente obligados a financiar la educación
secundaria”. Decía Cools. “ Pero los padres
divorciados están siendo obligados por los
juzgados a hacerlo. Esta es una terrible
discriminación en razón el estado marital”.
En el 1997, cuando se pasaron las enmiendas a la
ley del Divorcio, la Cámara de los Comunes
remitió una modificación al Senado que decía que
un individuo que había alcanzado la mayoría de
edad, podía seguir recibiendo la pensión debido
a enfermedad, incapacidad, “conseguir una
educación razonable” u “otra causa”.
Back in 1997, when amendments to the Divorce Act
were passed, the House of Commons submitted a
bill to the Senate that said an individual who
had reached the age of majority could still
qualify for child support due to illness,
disability, "pursuit of reasonable education,"
or "other cause."
El Senado rehusó pasar la moción hasta que la
frase el “conseguir una educación razonable”
fuera eliminada, pero esto no ha parado a los
jueces, quienes rutinariamente deciden que una
educación superior es “otra causa”.
“Los juzgados están haciendo esto Bajo cuerda”,
decía Coos. “Acaso el Parlamento intento con las
palabras “u otra causa” incluir la educación
universitaria? La respuesta es no.
“Hay un incomprensible e ilógico elemento en
esta ley” añadía Gallaway. Un hombre de 30 años
puede ser declarado un niño con motivo de una
pensión para educación secundaria, mientras que
un chico de 14 años puede ser considerado un
adulto en razón de la ley criminal”.
Ciento cincuenta kilómetros al Norte de la casa
de Gal, otro empleado municipal de una pequeña
localidad relataba unos sucesos similares. En
relación con la protección de la intimidad de su
hijo menor, “Robert” pidió que ni su comunidad
ni su nombre fueran dichos.
Cuando la primera esposa de Robert le dejó en
1987, el continuó sacando adelante a su hijo e
hija en el domicilio familiar. Después de
terminar el Instituto, su hijo fue al colegio
comunitario ente 1990 y 1993. Robert aportó la
mitad de los costes de educación (mantenimiento
y cuidado), por eso su hijo no tuvo necesidad de
créditos escolares.
En 1994, después de salir con una mujer durante
varios años, Robert se volvió a casar. Estando
en contra de su segundo matrimonio, su hija de
17 años, abandonó el hogar y se fue a casa de
una prima. Dos años mas tarde, justo antes d
empezar en la universidad, se fue con su madre
biológica – quien reclamó a Robert una pensión
infantil para financiar la educación de su
hija..
“No estoy diciendo que mi hija no merezca
dinero”, decía Robert. “Ella lo merece. Nosotros
le decimos que venga hablaremos y llegaremos a
alguna conclusión. Yo le he llamado para
conseguir que nos encontremos. Y sus palabras
fueron “No tengo que hablar contigo. Mi madre y
su abogado dicen que el juez te hará pagar”.
" Después de 10 minutos de audiencia en Enero de
1997, el Juez Thomas Wood, dictaminó que Robert
debería contribuir con 1000 dólares mensuales a
la educación de su hija – sin fijar limite.
Aunque la guía federal de pensiones infantiles
indican que un padre que gana lo que gana Robert
47.000 dólares al año debería pagar unos 600
dólares al mes de pensión a un hijo, el juez no
explicó justificación alguna para haber escogido
una cantidad significativamente mayor.
En un suspiro, el salario de Robert se quedó en
la mitad. El apeló y ocho meses mas tarde, fue
confirmada por una corte de apelación compuesta
por tres jueces. Que siguiendo por el mismo
camino, no aportaron explicación alguna.
Solamente decía: “ Este tribunal ordena que la
Apelación está desestimada”
De acuerdo con Robert, ambos abogados, su
abogado inicial y su consejero de apelación
estaban tan en desacuerdo con estas decisiones,
que le cobraron un total de unos 10.000 dólares
de minuta entre los dos.
En los pasados tres años, Robert (sus pagos
terminaron solamente en el último mes de Enero),
ha pagado 38.000 dólares a su hija para
educación secundaria. No ha habido una sentencia
judicial obligando a su madre biológica a hacer
una aportación similar. Tampoco los juzgados le
dijeron a esta joven que ella misma tenía la
responsabilidad de aportar una parte de los
costes.
Como en e caso de Stan Gal, la hija de Robert se
oponía a darle información sobre los cursos que
estaba haciendo o las notas que sacaba. “No es
normal que uno espere de alguien, que pague los
estudios universitarios de un hijo que no quiere
hablar con el”. Decía Cools . “Simplemente no se
hace”.
Además, decía, esto es jugar a dos barajas ,
“Una persona no puede pasar en un momento de ser
un niño a ser un adulto”. Aun el senador citaba
casos legales, en los que el mismo juez decía a
un padre divorciado que debía pagar la educación
de un hijo adulto, en la siguiente ocasión,
decía que el padre no tenía derecho de
inmiscuirse en que colegio iba su hijo ya que
era un adulto capacitado para tomar sus propias
decisiones.
En 1998, la segunda esposa de Robert hizo una
presentación oral en un congreso federal para la
investigación de asuntos del divorcio. Ella
apuntaba que aunque seguramente esto no había
sido la intención del legislador, la pensión que
ella recibía de su anterior esposo para sus dos
hijos menores, estaba de hecho subvencionando la
educación de la hija mayor de Robert.
“Nosotros no podremos posiblemente vivir con su
sueldo después de que se haga la sentencia”,
dijo en el National Post. Todavía con deudas, la
pareja ahora no tiene ahorros, están preocupados
por sus posibilidades para ayudar a sus dos
restantes hijos con los gastos de la educación
secundaria, estarán limitados y están
anticipando sus años de retiro con
consternación.
“Esto realmente me fastidia cuando leo los
titulares de “Padres Negligentes”, decía la
esposa de Robert. “Porque pienso: ¿No tienen ni
idea. No creen que esto pueda ser tan malo.
Incluso mi cuñado, el marido de mi hermana
decía: ‘no me estas contando todo, esto no puede
pasar en Canada’. Y yo le decía, ‘Esto pasa en
Canada y estoy avergonzada de que ocurra’”.
Pero el titular “Padre negligente” llama la
atención, incluso cuando contrasta con los
hechos. Niall Preston trabajador de correos, un
candidato al NDP a las elecciones provinciales
de Manitoba en 1995, se retiró de la candidatura
después de un articulo del ‘Sun Winnipeg’ con el
titular “Padre Negligente del NDP quiere ser
MLA”
Lo cierto, es que Preston no era un padre
negligente. El estaba al corriente del pago de
la pensión compensatoria a su ex esposa y a su
hijo pequeño. Pero siete meses antes, el hijo de
17 años de la pareja había dejado la casa de su
madre en Regina y se había ido a vivir con su
padre a Winnipeg.
Preston, que estaba a la espera de una
actualización para que la burocracia legal
tomara en cuenta las nuevas circunstancias de su
familia, fue encontrado culpable de nada menos
que de no haber seguido mandando 350 dólares
mensuales a su anterior esposa para el hijo que
ya no vivía con ella.
Pero no fue solo eso, su ex esposa y el oficial
del gobierno insistían en que Preston debía de
ser condenado. Gary Doer, su contrincante – y
ahora primer ministro en Manitoba—le criticaban
a el públicamente. “en nuestro sistema, el
juzgado toma una decisión usted tiene que
cambiarla en el juzgado,” Decía Doer en la
prensa, apuntando que Preston había también
violado la política interna del NDP.
Hazel McBride, un psicoterapeuta de Toronto,
cuenta una historia similar referente a un chico
con tendencias suicidas, a quien atendió durante
tres años a principios de los 90. El chico había
sido echado de casa por su madre y ahora estaba
viviendo con su padre, quien apenas era capaz de
llegar a fin de mes, después de encontrarse con
que su paga era embargada por atrasos de la
pensión infantil.
“El padre era un trabajador abnegado”, decía
cBride. “ El trabajaba en dos empleos,
comenzando a las seis de la mañana. Trabajaba en
la construcción y trabajaba hasta las 10 de la
noche en otro empleo. Con la recesión, había
sido despedido y esta es la razón de que dejara
de hacer los pagos.”
McBride decía que ella telefoneó a la oficina de
pensiones infantiles en mas de una ocasión sobre
este caso. “Yo personalmente hablé con la gente
de pensiones sobre esto. Estaba furiosa. Y ellos
básicamente decían: ‘no importa donde está
viviendo el chico, la sentencia judicial dice
que la madre debe recibir la pensión’. Hemos
intentado conseguir medicación gratuita para el
chico, muestras de laboratorios, porque el padre
no podía aportar las medicinas. Y la madre, que
vive extremadamente bien porque se ha vuelto
casar y no tiene sin duda ninguna dificultad
económica, coge el dinero y no hará nada”.
En Winnipeg en 1998, los oficiales de la oficina
de pensiones continuaron embargando el subsidio
de desempleo de Phillip (no es su nombre real) y
enviando el dinero su antigua esposa, meses
después de que su hija (cuya identidad está
protegida por ley) fuera sacada del hogar
materno por las autoridades de protección el
menor.
Aunque una simple llamada de un oficial
gubernamental a otro podría haber resuelto el
asunto, a Phillip se le pidió que contratara a
un abogado y que esperara cinco meses hasta que
la orden de pensión fuera terminada por el juez.
Nunca ha recibido ningún reembolso.
Ross Bailey, un ingeniero de mantenimiento aéreo
de la Abbotsford, B.C. tenía una historia
similar que contar, sobre la irresponsabilidad
del sistema de pensiones infantiles respecto a
las realidades de vida de la gente.
En el 1998 escribió una angustiada carta a Ujjal
Dosanjh que por entonces, como abogado general,
..... era el responsable de sistema de
recaudación de la B. C. Pensones infantiles.
Bailey explicaba que su antigua esposa se había
ido con los dos hijos de la pareja a New
Brunswick cinco años antes y que los gastos de
conferencias telefónicas, viajes y alojamientos,
que el había realizado intentando mantener
contacto eran ínmesos.
Aunque el pago de las pensiones de 800 dólares
al mes eran en base a su salario de 36.000
dólares anuales, como consecuencia del stress
asociado a su situación familiar, Bailey había
ido despedido de sus trabajo seguro en 1997 y
mas tarde recontratado a tiempo parcial. Como su
salario bruto anual ese año fue de solo 22.000
dólares, y como el se vio forzado a contratar a
un abogado en New Brunswick, los atrasos
comenzaron a acumulársele.
“Todavía estoy obligado a pagar 800 dólares al
mes, y para ver a mis hijos este verano he
tenido que sacar un crédito y financiar mis
tarjetas de crédito”, en su carta se leía “
estoy gastando 1.300 dólares mensuales mas de lo
que gano.... Me han dicho (los empleados de la
oficina de pensiones) que debo pagar, que la
pensión infantil no está en relación con mis
circunstancias personales, o si no se ordenará
el embargo de mis salarios cuando trabaje o de
todo mi subsidio de desempleo cuando no trabaje.
Como se supone que viviré? Como se supone que
podré ver a mis dos hijos? Como podré pagar los
atrasos de la pensión infantil cuando se me
acaben los créditos?
La petición de ayudad de Baileys fue secundada
por John Van Dongen, su MLA (liberal). Van
Dongen dijo a Dosanh, ahora primer ministro de
la Columbia Británica, que había conocido a
Bailes “personalmente durante muchos años”. Él
es escribía, “un sincero, honesto y responsable
padre de familia. “La carta decía que Baileys
había sido advertido por especialistas en
quiebras que “una declaración de quiebra no
elude o evita una pensión infantil. En otras
palabras, el entendía que una sentencia de
mantenimiento de una familia invalida cualquier
cosa incluyendo el subsidio que otorga la ley a
una persona arruinada..
Van Dengen decía que Baileys era uno de los
muchos hombres en similares circunstancias con
quien había contactado en su oficina. “Cuando un
padre no custodio pierde su trabajo... el
sistema se toma mucho tiempo para responder”,
escribía.” En el caso de Baileys, el término
justo son años dada la manera como han actuado
el juzgado de New Brunswick y el de Columbia
Británia.”.
En su respuesta a Van Dongen, Dosanjh decía que
el retraso del juzgado estaban fuera de su
control. Después de reiterar que Baileys era aún
responsable de 800 dólares mensuales y que
estaba a punto de que se le retiraran su carnét
de conducir y la licencia de piloto y de
ingeniero de aviación, terminaba su carta con lo
siguiente: “Este gobierno considera las
pensiones infantiles como una obligación seria y
que estamos obligados asegurar que los padres
reciben la asistencia que necesitan y que los
hijos reciben la pensión que se merecen. Gracias
por su carta.
Baileys ha visto a sus hijos solamente dos veces
en los últimos dos años. Después de tres años y
miles de dólares en costas legales, un juzgado
de New Brunswick recientemente le redujo la
pensión al pago de 635 dólares al mes. “Tengo 48
años y he sido siempre capaz de resolver los
problemas por mi mismo”, decía Baileys. “Pero
ahora me encuentro financieramente desesperado.
No puedo pagar abogados, pensiones infantiles y
los miles de dólares que me cuesta anualmente
ver a mis hijos. No puedo mantenerme del aire. Y
no hay nadie a quien pueda pedir ayuda.
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